Se ha vuelto común el desacato por parte de Cervecería Regional a las ordenes de la Inspectoria del Trabajo, emanadas en atención a las denuncian formuladas por los Trabajadores, quienes hemos exigido ante este Órgano Administrativo, la restitución de derechos flagrantemente violentados por esta Empresa.
Ahora es el caso del desacato a las providencias de desmejora de los Trabajadores y Dirigentes Sindicales Ángel Fuenmayor y Henry González, Secretario General y Secretario de Organización respectivamente, cuya ejecución fue obstruida por representantes de la Empresa al no permitirle, ni siquiera la entrada a la funcionario del trabajo a las instalaciones de planta Maracaibo, razón por la cual, luego de 30 minutos de espera, esta misma dejó constancia en acta del desacato a la orden de la inspectoria, obligando a los Trabajadores a impulsar la ejecución forzosa de la providencia que dictó con lugar su denuncia.
En dos días hábiles, cuatro decisiones han sido ejecutadas, cuatro han sido desacatadas, actitud rebelde que marca la no disposición del Patrono a respetar los derechos de los Trabajadores, empeñada en continuar con la posición radical que tanto daño le hace a Cervecería Regional, como Empresa. Nada afecta el pago de una multa, la revocatoria de la solvencia laboral o la acción penal que se pueda ejercer en contra de uno de sus representantes por desacato a una orden administrativa; cuando el verdadero daño radica en el malestar que hoy en día se manifiesta en los Trabajadores, a raíz de la actitud asumida por el Patrono en los últimos meses, que desmotiva y desanima a quienes con nuestra labor sacamos adelante a esta Empresa.
Nuestra Organización Sindical respetuosa de la legalidad ha acudido a las instancias competentes cuando consideramos que se nos ha violentado un derecho, como vía para resolver las controversias, pero vemos con mucha preocupación que aun así la Empresa se niega a reconocer y respetar aquello que deciden los Órganos del Estado, que actúan en defensa de los derechos laborales de los Trabajadores.
En Venezuela, las Empresas tienen derecho a intentar la nulidad de un acto administrativo, en este caso emanado por la Inspectoria del Trabajo, pero antes deben cumplir efectivamente con la orden de restitución de la situación jurídica infringida, por lo tanto, la Empresa al desacatar y alegar en el mismo acto que atacará de nulidad la providencia, violenta todos los procedimientos establecidos en la Ley, casos que igualmente regula y sanciona la legislación venezolana y la jurisprudencia patria.
Por nuestra parte, sigamos por el camino legal, agotemos todas las vías, todos los mecanismos que tengamos a nuestra disposición para hacer valer nuestros derechos, porque la historia siempre nos ha dado la razón. De la Justicia divina y del hombre, nadie se salva, aunque llegue tardía.
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